Legisladores estadounidenses exigen respuestas sobre presuntos ataques militares estadounidenses a narcobarcos venezolanos


Los legisladores estadounidenses están pidiendo claridad a la administración Trump sobre los ataques militares a embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, luego de informes alarmantes que sugieren un segundo ataque contra los sobrevivientes de un ataque inicial. La investigación se produce en medio de una creciente tensión por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, que tienen como objetivo principal combatir el narcotráfico.

Según un informe del Washington Post, un ataque aéreo estadounidense el 2 de septiembre tuvo como objetivo un barco con presuntos narcóticos a bordo, dejando a dos personas con vida. Luego, según informes, se ordenó un segundo ataque para eliminar a los supervivientes, lo que dio lugar a acusaciones contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien, según informes, ordenó que se debía matar a “todos” a bordo. Hegseth describió el informe como “noticia falsa”, mientras que el presidente Donald Trump expresó su apoyo inquebrantable al mismo.

El aumento de la actividad militar en el Caribe se ha atribuido a una operación antinarcóticos, que según funcionarios estadounidenses es esencial para la autodefensa nacional contra los barcos cargados de drogas que se dirigen hacia Estados Unidos. Desde principios de septiembre, los ataques estadounidenses han provocado la muerte de más de 80 personas involucradas en este comercio ilegal.

Las controversias puestas de relieve por estas huelgas se extienden más allá de las líneas partidistas, y tanto los legisladores demócratas como los republicanos enfatizan la necesidad de revisiones por parte del Congreso. Políticos clave expresaron sus preocupaciones en varios programas de entrevistas, enfatizando que si las afirmaciones sobre el ataque posterior son ciertas, podrían constituir un crimen de guerra. El senador demócrata Tim Kaine destacó las implicaciones legales de atacar a los sobrevivientes de un ataque inicial con misiles, mientras que el congresista republicano Mike Turner reconoció la necesidad de una investigación seria si el ataque posterior efectivamente ocurrió.

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El Comité de Servicios Armados del Senado, bajo liderazgo republicano, ha iniciado una intensa investigación sobre los ataques, confirmando informes de ataques posteriores. “El comité ha estado investigando al Departamento y continuaremos llevando a cabo una supervisión vigorosa para determinar los hechos que rodean estas circunstancias”, dijo el senador Roger Wicker, junto con su homólogo demócrata, el senador Jack Reed.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes también se hizo eco de sentimientos similares, y anunció un enfoque doble para obtener una contabilidad completa de las operaciones en cuestión. En medio de todo el discurso, el Ministro Hegseth desestimó las acusaciones en su contra, calificándolas de sediciosas y afirmando que los ataques cumplían tanto con el derecho estadounidense como con el derecho internacional.

En respuesta a la controversia, el presidente Trump reiteró su confianza en Hegseth y afirmó que creía plenamente en la versión de los hechos del Secretario de Defensa. Indicó que el gobierno investigaría más a fondo el asunto y añadió que una segunda huelga no era algo que hubiera preferido.

A raíz de estos acontecimientos, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó los ataques estadounidenses y se comprometió a llevar a cabo una “investigación rigurosa y exhaustiva” sobre las denuncias de un segundo ataque que supuestamente cobró la vida de dos sobrevivientes. El gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de promover tensiones regionales con el objetivo de desestabilizar su liderazgo.

Aunque Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los expertos legales sostienen que las acciones militares estadounidenses deben cumplir con las disposiciones del tratado, que generalmente prohíbe la interferencia con los barcos que operan en aguas internacionales. Existen excepciones para casos como la “persecución”, pero normalmente requieren medios no letales para atacar a embarcaciones sospechosas.



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