La Asamblea General de la ONU ha condenado una vez más el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, marcando el 33º año consecutivo en que se aprueba una resolución de este tipo. La votación finalizó el miércoles con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. En particular, Estados Unidos e Israel fueron los únicos dos países que se opusieron a la medida el año pasado, y este año incluso más países, incluidos Argentina, Ucrania y Hungría, se unieron a la disidencia.
Si bien estas resoluciones no tienen peso legal, sirven para ilustrar el sentimiento global con respecto al embargo. El embajador estadounidense, Jeff Bartos, expresó su satisfacción por la votación, interpretándola como un reproche al gobierno cubano y una señal de que la comunidad internacional no tolerará sus acciones.
El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, desmintió esta versión, afirmando que Estados Unidos estaba llevando a cabo una campaña de presión para influir en las opiniones contrarias a la resolución. Afirmó que el Departamento de Estado se había puesto en contacto con varios países y los animó a votar «no». En respuesta, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó que el régimen cubano había utilizado indebidamente tales resoluciones como propaganda política, desviando la atención de sus propios problemas de gobernanza y abusos de los derechos humanos.
En la reunión, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, desestimó la resolución como un ejercicio de “teatro político” por parte de Cuba, acusando a la nación de presentarse como una víctima y al mismo tiempo ser abiertamente hostil a Estados Unidos. Sus comentarios provocaron una brusca interrupción por parte de Rodríguez, quien criticó el tono y el enfoque de Waltz. El acalorado intercambio subrayó aún más las tensas relaciones diplomáticas entre los dos países.
A medida que se desarrollaba el debate, el huracán Melissa causó estragos en toda Cuba, generando preocupación entre los isleños en medio de una crisis económica en curso. Rodríguez destacó la importancia de la resolución, calificándola como un contundente mensaje de la comunidad internacional que, aunque no vinculante, refleja la posición colectiva contra el embargo. Destacó los drásticos desafíos económicos que enfrenta Cuba y que se han intensificado desde 2020, incluida una grave escasez de alimentos, cortes de energía e inflación que afectan a sus 10 millones de residentes.
El embargo estadounidense ha sido un punto de discordia desde que se impuso por primera vez en 1960, después de la revolución de Fidel Castro. Las relaciones diplomáticas experimentaron un breve deshielo bajo el presidente Obama, pero se tornaron hostiles bajo la administración Trump, con sanciones más estrictas. El actual presidente Biden ha mantenido muchas de estas sanciones, lo que complica aún más la situación.
El telón de fondo de la resolución de este año también incluye una creciente presencia militar estadounidense destinada a combatir el tráfico de drogas cerca de Sudamérica, que los funcionarios cubanos han descrito como agresivo e injustificado. Esta acumulación militar está contribuyendo a aumentar las tensiones no sólo entre Estados Unidos y Cuba, sino también con otros países de la región.
A medida que la situación económica de Cuba empeora, muchos cubanos han emprendido viajes peligrosos a Estados Unidos en busca de oportunidades en medio de los disturbios actuales. El impacto del embargo, exacerbado por la pandemia, sigue provocando fuertes reacciones tanto en la isla como a nivel internacional. La resolución, aunque en gran medida simbólica, sigue siendo un punto álgido para el conflicto diplomático en el Caribe, lo que plantea dudas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
