La Corte Internacional de Justicia (ICI) ha hecho una declaración innovadora y afirma que las naciones tienen la obligación legal de enfrentar el cambio climático. Esta declaración, que caracteriza la acción para tomar medidas como un «acto ilegal», tiene implicaciones importantes que pueden liberar el camino para las reparaciones de daño ambiental.
Los expertos legales han descrito esta opinión como un cambio crucial en la mejora de la justicia ambiental y las disputas de derecho climático en todo el mundo. Aunque las opiniones consultivas del CIJ no son legalmente vinculantes, tienen una autoridad moral y legal sustancial. Esta decisión se considera una de las más influyentes en una serie reciente de importantes declaraciones relacionadas con el clima.
Las Naciones Unidas habían llamado a la CIJ, que sirve como un foro para resolver disputas internacionales, para responder dos preguntas esenciales sobre las responsabilidades del estado bajo el derecho internacional: en primer lugar, qué acciones deben tomar para proteger el medio ambiente contra las emisiones de gases de efecto invernadero tanto para las generaciones actuales como futuras; Y en segundo lugar, qué consecuencias deben enfrentarse los estados si sus emisiones causan daños ambientales, especialmente con países isleños vulnerables.
El presidente de ICJ, Yuji Iwasawa, enfatizó la amenaza urgente y existencial del cambio climático y afirma que esto establece que sus obligaciones contribuyen a un «acto internacional ilegal». El tribunal señaló que las consecuencias legales para tales acciones pueden incluir reparaciones en diversas formas, como el reembolso y la compensación, dependiendo del establecimiento de una relación causal directa entre la acción ilegal y la lesión resultante.
Además, la declaración enfatizó la necesidad de proteger el clima para las generaciones actuales y futuras. Señaló que los efectos negativos del calentamiento global pueden socavar el disfrute de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida. Los expertos esperan un proceso de evaluación cuidadoso, porque este consejo es el caso más sustancial que lleva a cabo la CIJ.
Fuera de la sala del tribunal en La Haya, los manifestantes se reunieron, se reunieron para la justicia climática con pancartas que proclaman ‘ya no retrasan, justicia climática hoy’. Los tribunales se han convertido cada vez más en una ubicación crucial para la acción climática, alimentada por la mayor frustración sobre la lenta reacción a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El camino hacia la pronunciación del CIJ fue iniciado hace seis años por estudiantes de las naciones del Pacífico que fueron amenazados por el cambio climático y fueron impulsados por la defensa de Vanuatu, una pequeña nación isleña. Antes de la pronunciación, el Ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Rainvanu, expresó optimismo y afirmó que el consejo podría cambiar drásticamente la historia de la acción climática.
Durante las audiencias, más de 100 países y organizaciones presentaron un testigo, de los cuales una parte significativa provenía de las naciones isleñas del Pacífico que presentan súplicas apasionadas. Este debate subrayó el sombrío contraste entre los grandes países industrializados y los estados de desarrollo más pequeños que se enfrentan a las amenazas más directas de cambio climático.
Aunque países prósperos como Estados Unidos e India argumentaron que los marcos legales existentes bajo el Tratado del Marco de la ONU para el cambio climático (CMNUCC) eran suficientes, los países más pequeños evitaban estos acuerdos que eran insuficientes. Presionaron al CIJ para una opinión más amplia, incluida la necesidad de reparaciones de contaminadores históricos y una dedicación definida para abolir la dependencia de los combustibles fósiles.
Los expertos legales han demostrado que este consejo de los tribunales nacionales, los marcos legales y el discurso público sobre la responsabilidad y la justicia del clima podría influir significativamente en los próximos años.